DECLARACION DE LA CUARTA DELEGACION PRE-ELECTORAL NDI/CENTRO CARTER Lima, PERU, 5 de Mayo del 2000 Esta declaración es ofrecida por una delegación internacional pre-electoral en Perú, organizada conjuntamente por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) y El Centro Carter. La delegación visitó Perú del 30 de abril al 5 de mayo del 2000. Esta es la cuarta en una serie de delegaciones NDI/Centro Carter que han observado el proceso electoral peruano hasta el momento. Adicionalmente, el Instituto Nacional Demócrata y El Centro Carter organizaron un equipo de evaluación para las elecciones del 9 de abril y han mantenido una presencia continua en Perú desde enero que continuará hasta después de la segunda vuelta de la elección presidencial. El NDI y El Centro Carter también organizarán un equipo internacional de evaluación para la segunda vuelta electoral prevista este 28 de mayo, y es probable que otra delegación conjunta visite el país después de la segunda vuelta para evaluar todo el proceso electoral. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES El proceso electoral peruano no cumplirá con los estándares internacionales mínimos de elecciones democráticas, a menos que se realicen mejoras inmediatas e integrales al entorno político que rodea la segunda vuelta para las elecciones presidenciales, a los procedimientos administrativos y técnicos requeridos para el día de las elecciones y al cómputo de resultados. En este momento la credibilidad del proceso electoral está en riesgo. Por ello es urgente que la voluntad política de realizar mejoras decisivas sea demostrada por los candidatos, autoridades gubernamentales y electorales, medios de comunicación, fuerzas del orden, tribunales y otras entidades relacionadas con el proceso. Sólo si dichos cambios se empiezan a implementar inmediatamente, se podrá establecer la suficiente confianza pública en el proceso. Dadas las características del sistema electoral peruano, las elecciones en segunda vuelta son parte de un proceso único e indivisible. Como señaló la delegación NDI/Centro Carter en su informe del 24 de marzo, a sólo dos semanas de las elecciones del 9 de abril, ya se había causado un daño irreparable a la integridad del proceso electoral, porque las condiciones para una campaña justa no se habían cumplido. Los efectos de ese daño no se pueden superar completamente ahora. El 9 de abril los acontecimientos se desarrollaron en forma pacífica. Un gran número de peruanos participó en las elecciones como electores, funcionarios electorales, personeros y observadores electorales. Más de 19,000 ciudadanos peruanos se movilizaron como observadores electorales independientes a través de los esfuerzos de la asociación civil Transparencia, más de 12,000 a través del Consejo por la Paz y otros grupos significativos. Este alto grado de participación demuestra el gran deseo de la población de participar en unas elecciones democráticas. Sin embargo, las irregularidades en la emisión del sufragio y los graves problemas con el cómputo y la entrega de resultados, hicieron crecer las sospechas del público y redujeron aún más la confianza en el proceso electoral. Una gran parte de la sociedad peruana cree que los resultados de la primera vuelta se basaron en factores políticos y no en un conteo exacto de los votos, pero además, los resultados de votos para el congreso que aún no son oficiales, están siendo discutidos y cuestionados por algunos partidos políticos y observadores. Encuestas de opinión indican que una mayoría de peruanos ha expresado que el proceso estuvo influenciado por prácticas fraudulentas. Esta percepción es en si misma un problema real. La crisis de confianza debe ser tratada de manera eficaz si se desea que las elecciones sean creíbles. Los candidatos Fujimori y Toledo designaron tres representantes cada uno, para reunirse y negociar las condiciones para la nueva competencia electoral y concertar los términos de un posible debate presidencial. Hasta el momento los representantes habían decidido reunirse sin participantes externos. Las conversaciones se han suspendido a partir del 4 de mayo, después de la tercera reunión. Teniendo en cuenta el interés nacional general, ambos candidatos y sus representantes, deberían ser capaces de alcanzar los acuerdos necesarios para la resolución de los problemas que pudieran surgir en el periodo post-electoral. Simultáneamente, tres grupos de trabajo han sido establecidos por la ONPE, con supervisión de la Defensoría del Pueblo y bajo observación de la OEA. Los grupos de trabajo examinaron los problemas del día de las elecciones del 9 de abril y el 28 de ese mismo mes, propusieron mejoras con respecto a tres aspectos: 1) la capacitación de los miembros de mesa; 2) la gestión de los procesos en el día de las elecciones; y, 3) la eliminación de los problemas del sistema computarizado de tabulación de votos. Si se realizan estos esfuerzos concertados y si las recomendaciones se implementan rápida y satisfactoriamente, se mejorarán los procedimientos en el día de las elecciones y se logrará más transparencia en el proceso de cómputo de resultados. No obstante, para ello es indispensable una acción inmediata y eficaz en orden a implementar esas recomendaciones a tiempo, logrando un impacto positivo en el proceso. Sin embargo, una elección es mucho más que un ejercicio técnico, y si bien es esencial un esfuerzo intensivo para mejorar los procedimientos administrativos para el día de las elecciones, los problemas del entorno político que deterioraron la primera vuelta también deberán ser solucionados inmediatamente. Tales problemas persisten en este periodo. El acceso desigual a los medios de comunicación por parte de los dos candidatos, un sesgo de los medios de comunicación a favor del actual presidente, la guerra sucia en algunos medios de comunicación dirigida a destruir la reputación del candidato opositor y el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas, continúan dañando los intentos por crear condiciones para una campaña electoral justa. Estos problemas están frustrando toda expectativa de superar las irregularidades señaladas y trastoca la integridad del proceso electoral, empeorando las condiciones en que se desarrollaron las elecciones del 9 de abril. Ello demanda esfuerzos inmediatos, integrales y extraordinarios para mejorar las condiciones para la nueva contienda. Esta delegación NDI/Centro Carter respalda las recomendaciones de los grupos de trabajo de la ONPE, así como las de la Defensoría del Pueblo, la OEA, Transparencia, Consejo por la Paz y otros grupos para mejorar la equidad y transparencia del proceso electoral. La delegación insta a aquellos que desean asegurar la credibilidad de esta elección a que tomen acción inmediata. Para lo cual la delegación ofrece recomendaciones en la última sección de esta declaración. LA DELEGACION Y SU TRABAJO La delegación preelectoral de mayo 2000 incluyó a: Patrick Merloe (EE.UU.), Asociado Senior del NDI y Director de Programas para Elecciones y Procesos Políticos; Gerardo Le Chevallier (El Salvador), Director Regional del NDI para América Latina y el Caribe; Andrés Dominguez Vial (Chile), Asesor y ex Coordinador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y Profesor de Derechos Humanos en la Academia de la Policía y la Universidad Católica; y Felix Ulloa (El Salvador), ex Magistrado del Tribunal Supremo Electoral y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos. Se unieron a la delegación Luis Nunes (Venezuela), Director del Proyecto, y Barry Levitt (Canadá), Analista Político Senior, de la Misión de Observación Electoral del NDI/Centro Carter en Perú. La delegación fue invitada por el gobierno del Perú y por líderes civiles y políticos. Las observaciones de la delegación se basan en una amplia serie de reuniones con representantes de los candidatos, líderes y personeros de diferentes partidos políticos, el Primer Ministro, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales como Transparencia, el Consejo por la Paz, Foro Democrático y el Instituto Prensa y Sociedad, directivos de la Asociación de Radio y Televisión del Perú, don Genaro Delgado Parker (propietario de medios de comunicación), la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos y diplomáticos de las Américas y Europa. La delegación también recibió el producto de las investigaciones de sus representantes en el Perú, los informes de sus tres delegaciones previas y de su equipo de evaluación del día de las elecciones, así como del trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras organizaciones que se ocupan del proceso electoral. La delegación quisiera expresar su gratitud a todos aquellos con los que se ha reunido por compartir su tiempo y sus ideas. El NDI y El Centro Carter son organizaciones no gubernamentales independientes que han conducido más de 100 delegaciones de observación preelectoral, electoral y postelectoral en las Américas y alrededor del mundo. Los propósitos de esta delegación buscan expresar el respaldo de la comunidad internacional para un proceso electoral democrático en el Perú y evaluar el desarrollo del entorno político que rodea a las próximas elecciones, así como el estado de las preparaciones electorales. La delegación condujo sus actividades de acuerdo a estándares internacionales de observación electoral internacional independiente y a la ley peruana. NDI y El Centro Carter no buscan interferir en el proceso electoral así como tampoco hacer una evaluación final, en este momento, de todo el proceso. Ambas instituciones reconocen que, al final, serán los peruanos los que determinen la legitimidad de las elecciones y del gobierno resultante. Una evaluación minuciosa y completa de cualquier elección debe tener en cuenta todos los aspectos del proceso electoral. Estos incluyen: 1) las condiciones establecidas por el marco legal para las elecciones; 2) el periodo pre-electoral antes y durante la campaña; 3) el proceso de sufragio; 4) el proceso de escrutinio en las mesas de votación; 5) la tabulación de los resultados; 6) la investigación y resolución de quejas y 7) las condiciones que rodean la formación de un nuevo gobierno. Al mismo tiempo, ninguna elección puede ser vista separadamente del contexto político en el que se lleva a cabo. El periodo pre-electoral, incluyendo las preparaciones electorales y el entorno político, debe tener un peso importante al momento de evaluar la naturaleza democrática de las elecciones ya que este periodo es crucial para la competencia electoral democrática. CONTEXTO ELECTORAL A. Periodo previo a las elecciones del 9 de abril NDI y El Centro Carter organizaron tres delegaciones de observación previas para evaluar el entorno electoral de las elecciones del 9 de abril. En diciembre pasado, la primera delegación concluyó que el entorno pre-electoral y el marco institucional estaban marcados por serios problemas que requerían de "esfuerzos concertados y sostenidos" si se deseaba que el proceso electoral cumpliese con estándares internacionales. Entre otros asuntos, la delegación señaló la falta de acceso de los candidatos de la oposición a los medios de comunicación, la cobertura periodística parcializada, una clara ausencia de cobertura de temas que podrían afectar las opciones de los electores, la violación de la libertad de prensa, problemas con el marco legal y los recursos judiciales, la falta de confianza en las instituciones electorales y el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas. En febrero, la segunda delegación NDI/Centro Carter observó que el proceso electoral aún estaba deteriorado y que, en muchos aspectos, las condiciones habían empeorado desde principios de diciembre. La delegación una vez más resaltó los continuos problemas con el acceso a y la parcialidad de los medios de comunicación, así como el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas. Adicionalmente, la delegación señaló campañas de acoso en los medios de comunicación contra candidatos, observadores electorales nacionales y la Defensoría del Pueblo, y observó lo que parecía ser una orquestación para asegurar un resultado legal específico sobre la constitucionalidad de la reelección del Presidente. La delegación de febrero notó que eran necesarias medidas a implementarse de manera "inmediata e integral" para establecer la credibilidad del proceso y cumplir con los estándares internacionales. En marzo, la tercera delegación observó con preocupación la continua falta de acceso a ciertos medios de comunicación por parte de los candidatos de oposición, la parcialidad de algunos medios y la intensificación de la guerra sucia contra candidatos de oposición, Transparencia, la Defensoría del Pueblo y otros grupos que criticaban al gobierno. Recalcó también algunas medidas legales controvertidas - que llevaron al cierre de una estación de radio que había comenzado a transmitir un programa político independiente - y la preocupación de que el sistema judicial peruano podía ser utilizado con fines políticos. Esta delegación también prestó atención al uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y analizó los efectos perjudiciales en la confianza del electorado causados por la supuesta falsificación de más de un millón de firmas para la inscripción de uno de los partidos políticos de la alianza que respalda la candidatura del Presidente Fujimori. El gobierno trató de implementar algunas de las recomendaciones de las delegaciones del NDI/Centro Carter y otros grupos. Sin embargo, muchas de estas medidas llegaron tarde y no fueron suficientes para solucionar los graves problemas del proceso. B. Elecciones del 9 de abril Las elecciones del 9 de abril fueron pacíficas y un gran número de ciudadanos peruanos participaron como electores, miembros de mesa, personeros y observadores electorales. Según reportes de los observadores, muchas mesas de votación sufrieron irregularidades. Las más comunes fueron la presencia de propaganda ilegal en locales de votación o muy cerca de los mismos, irregularidades en los materiales electorales (incluyendo cédulas previamente marcadas con votos a favor de Perú 2000 o donde faltaba Perú Posible), intentos de intimidación a los personeros por parte de la policía y militares que solicitaban y anotaban el nombre y número de identificación de los personeros, y la participación indebida de funcionarios gubernamentales en el proceso de votación. Un gran número de mesas reportó más votos que votantes (más de un millón). Las acusaciones de influencia indebida del personal militar en las antiguas Zonas de Emergencia y el uso de los programas de asistencia alimentaria para presionar a los electores también fueron reportados por los grupos de observadores y los medios de comunicación. Estos acontecimientos contribuyeron a que muchos peruanos cuestionaran la veracidad de los resultados. El proceso de cómputo de votos estuvo plagado de irregularidades y situaciones sospechosas. No fue sino hasta un poco antes del cierre de las mesas que la ONPE pudo por fin conducir un simulacro satisfactorio de todos los procesos de acopio de datos y tabulación de votos. Más aún, si bien se permitió a los observadores técnicos de la OEA y de las agrupaciones políticas observar los procesos de cómputo de la ONPE y sus contrapartes regionales, el software utilizado no permitía una observación eficaz ni la verificación de resultados. Retrasos inexplicables en el proceso de cómputo y la naturaleza opaca de los sistemas de la ONPE crearon la percepción generalizada de que el proceso de tabulación de resultados de las elecciones del 9 de abril estaba, al menos en parte, bajo la influencia de las presiones políticas y no eran el resultado de un ejercicio puramente matemático. El conteo rápido de Transparencia gozó aparentemente de mayor credibilidad que los resultados oficiales. Los resultados de la ONPE dieron al Presidente Fujimori el 49.87 por ciento de los votos válidos y al Dr. Toledo, el 40.24. El conteo rápido de Transparencia, anunciado a escasas horas del cierre de la votación, dio al Presidente Fujimori 48.73 y al Dr. Toledo 41.04. La ONPE se tardó en presentar los resultados completos de la elección presidencial hasta el 28 de abril. Sin embargo, a las cinco horas de recibir estos resultados, el JNE anunció que la segunda vuelta se llevaría a cabo el 28 de mayo. La velocidad con que se fijó esta fecha sorprendió a muchos. Además, dicha comunicación de resultados por la ONPE al JNE se hizo sin darle a todos los partidos la información necesaria para evaluar si sus derechos habían sido violados. A pesar de esto, es importante que se les facilite cuanto antes dicha información para que determinen los cursos de acción pertinentes. Hasta el momento en que se redactó esta declaración, los resultados de las elecciones para congresistas, que también se llevaron a cabo el 9 de abril, no han sido presentados aún en su totalidad ni en forma detallada por la ONPE. Los partidos políticos de la oposición y los observadores electorales nacionales están cuestionando la credibilidad de los resultados de las elecciones para congresistas, específicamente la asignación de escaños y la tabulación de votos preferenciales. Los líderes de dichos partidos han señalado igualmente que no tienen la información mesa por mesa que necesitan para analizar los resultados y preparar las posibles impugnaciones dentro del periodo de tres días concedido por la ley. C. Periodo previo a la Segunda Vuelta Inmediatamente después de las elecciones del 9 de abril, la atención se centró en si habría o no una segunda vuelta para la presidencia. La pregunta fue respondida el 12 de abril, cuando la ONPE declaró que era matemáticamente imposible que alguno de los candidatos ganara en primera vuelta. Entre esa fecha y el 15 de abril, el Defensor del Pueblo, Transparencia y la Misión de Observación Electoral de la OEA ofrecieron recomendaciones urgentes para numerosos aspectos del proceso electoral. Esas recomendaciones se enfocaban mayormente en la necesidad de neutralidad de los funcionarios del gobierno y la prevención del uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas, el acceso igualitario a los medios de comunicación para ambos candidatos, y poner fin a la guerra sucia contra la oposición. Además, mejorar la capacitación de los miembros de mesa y tomar medidas para mejorar la capacidad e imparcialidad de la ONPE, en particular con la consolidación de resultados. Los representantes de ambos candidatos presidenciales empezaron a conversar el 2 de mayo para mejorar las condiciones de la segunda vuelta, incluyendo un posible debate entre los candidatos, un comportamiento ético y el acceso equitativo a los medios de comunicación. Los esfuerzos previos por usar los auspicios de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica del Perú para mediar entre los candidatos no tuvieron éxito, debido en gran parte a la polarización política. Simultáneamente, la ONPE formó tres grupos de trabajo para tratar los temas de capacitación, administración electoral y sistemas computarizados. Cada grupo contó con la participación de representantes de la ONPE, de los dos candidatos presidenciales, de la OEA y de la Defensoría del Pueblo. Los grupos de trabajo se tomaron de dos a tres días para terminar sus deliberaciones y hacer recomendaciones para mejorar el desempeño de la ONPE. Los acuerdos de los grupos de trabajo fueron presentados a la ONPE el 28 de abril, y ésta tiene un plazo de 15 días para revisar los acuerdos e implementar sus recomendaciones. Desgraciadamente, hasta el momento, el entorno político previo a la segunda vuelta está siendo dañado aún más por los problemas que deterioraron el periodo previo al 9 de abril. De este modo: No se ha llegado a ningún acuerdo para proporcionar a ambos candidatos presidenciales un acceso equitativo y apreciable a los medios de comunicación, ya sea a través de espacios gratuitos o de tarifas publicitarias razonables. No se han tomado medidas efectivas para prevenir la parcialidad de los medios de comunicación, y existe evidencia de un sesgo a favor del Presidente Fujimori en todos los canales, incluyendo la televisión estatal, y contra el Dr. Toledo en la mayoría de los medios privados. La guerra sucia en la prensa chicha y algunos medios de comunicación se ha intensificado para tratar de destruir la reputación del Dr. Toledo. Por ejemplo, estos medios lo acusan de que planea liberar terroristas, despedir a empleados públicos y otras medidas intimatorias. La libertad de prensa aún se encuentra restringida, y algunos periodistas aseguran que la auto-censura es un problema continuo. La administración de los canales de televisión que han estado en disputa -- supuestamente por motivaciones políticas -- no ha sido devuelta a sus legítimos administradores y no se ha restablecido la capacidad de transmisión de la radio 1160. El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, señaló esta semana en el Día Internacional de la Libertad de Prensa que ésta es esencial para la transparencia, el buen gobierno y el imperio de la ley. A su vez, el Comité para la Protección de los Periodistas denunció al Estado Peruano por segundo año consecutivo por dañar sistemáticamente la libertad de prensa. Continúan las denuncias del uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas por el Presidente Fujimori. El Primer Ministro Bustamante ha sostenido que habrá nuevas directivas contra el uso de recursos estatales con fines proselitistas y para el cese de la publicidad gubernamental durante lo que falta de la campaña electoral, excepto la publicidad indispensable. Esta será una consideración importante del público cuando examine el comportamiento del gobierno en los días previos a las elecciones. La delegación espera que se emitan las directivas correspondientes y que estas sean acatadas. Han pasado tres meses desde la supuesta falsificación de firmas para la inscripción del Movimiento Independiente Perú 2000, y aún no ha habido ningún informe de la Fiscal especial ni se ha reportado medidas significativas dentro de la ONPE contra posibles cómplices internos, lo que refuerza la percepción de que existe impunidad de los delitos electorales. Las debilidades en el funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo el elevado número de jueces provisionales, no permiten a los tribunales actuar como los garantes legítimos de los derechos civiles y políticos que son esenciales para celebrar elecciones democráticas. Las críticas del gobierno y la cobertura negativa de algunos medios contra Transparencia están minando el importante trabajo de esta organización independiente de observación nacional. Algunos indicios de que Transparencia no podrá realizar su conteo rápido en la segunda vuelta, y su exclusión, así como la del Consejo por la Paz y otros de los grupos de trabajo de la ONPE, le restan credibilidad al proceso. La experiencia del NDI y del Centro Carter indica que el tiempo y la voluntad política para velar por los intereses nacionales son lo más preciado para encarar exitosamente un proceso electoral. Cada día que pasa sin que haya una mejora sustancial en el entorno político y en los procedimientos administrativos representa una oportunidad que se pierde y no se puede recuperar. Cuando una crisis de confianza pública se une a la escasez del tiempo y a la fuerte probabilidad de una contienda electoral muy reñida, la situación política puede volverse volátil. Esto está sucediendo en el Perú. RECOMENDACIONES Como se mencionó anteriormente, la delegación respalda las recomendaciones para mejorar el proceso electoral peruano hechas por la Defensoría del Pueblo, Transparencia, la Misión de Observación Electoral de la OEA y otros grupos de observación. Las siguientes recomendaciones se ofrecen con ánimo de cooperación internacional y con el deseo de reforzar aquellas presentadas por otras organizaciones que también están trabajando para observar el proceso y aumentar su credibilidad. La delegación examinó las debilidades institucionales y los defectos estructurales que van más allá de las elecciones pero que tienen un impacto en los asuntos electorales. Sin embargo, las recomendaciones únicamente atañen a los problemas inmediatos que giran en torno al proceso electoral. La delegación enfatiza la necesidad de mantener un diálogo político estructurado entre los candidatos políticos. Las reuniones entre Perú 2000 y Perú Posible que empezaron hace algunos días merecen el respaldo de aquellos que desean una campaña electoral limpia y un proceso justo. La confianza de los candidatos y su disposición a aceptar el resultado de las elecciones depende de un acuerdo acerca de las reglas de competencia, incluyendo conductas éticas. Se espera que pronto se llegue a un acuerdo integral o que, en esa espera, se anuncien acuerdos parciales diariamente. También se espera que, durante las negociaciones y el transcurso de todo el proceso electoral, los candidatos y sus representantes se comporten en función de los intereses nacionales, y en función de ventajas políticas inmediatistas. Para esto efectos, se debería invitar la presencia o la facilitación de instituciones creíbles como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, Transparencia o representantes de la comunidad internacional. Es igualmente deseable que se apruebe un mecanismo que permita resolver los problemas que surjan en ocasión de la segunda vuelta, así como las denuncias pendientes sobre las elecciones legislativas y presidenciales recién celebradas. Si bien los acontecimientos del 9 de abril y posteriores fueron pacíficos y, en su mayoría, sin violencia, los esfuerzos concertados por todos aquellos involucrados en las elecciones, incluyendo la policía y otras fuerzas del orden, deberían continuar durante los vitales 23 días restantes antes del 28 de mayo, y para los días inmediatamente posteriores a las elecciones, para así evitar la violencia y la violación de los derechos políticos. Debe cesar la guerra sucia que últimamente se ha intensificado hasta el punto de pretender la destrucción de la reputación de Alejandro Toledo, de los observadores electorales peruanos, de la Defensoría del Pueblo y de ciertos miembros de los medios de comunicación debe detenerse. Los periodistas, editores, productores y propietarios de medios de comunicación deben cumplir con sus responsabilidades éticas y profesionales, y si éstos no lo hacen, entonces los funcionarios del gobierno - incluyendo al Presidente Fujimori - y las autoridades electorales deberían condenar públicamente dichas tácticas de manera inmediata y rigurosa. Es más, deberían denunciar públicamente la falsedad de los cargos infundados que constituyen obviamente dicha guerra sucia. Los medios de comunicación, tanto estatales como privados, deben presentar una cobertura correcta, equitativa y balanceada de los candidatos presidenciales y de las agrupaciones políticas que participan en las elecciones, y deben brindar al público información que promueva el voto razonado y libre. Es alentador que representantes de Perú 2000 y Perú Posible se hayan reunido para empezar las negociaciones de un debate público entre el Presidente Alberto Fujimori y el Dr. Alejandro Toledo. Es deseable que se lleve a cabo y se transmita un debate -- o más -- para beneficio del electorado. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que un debate no es un sustituto del acceso continuo y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación, y que la parcialidad de los medios elimina los efectos positivos que pueden tener los debates y la publicidad de los candidatos. Un acceso equitativo y adecuado a los medios de comunicación, particularmente a los medios de tele y radiodifusión, debería estar a disposición de ambos candidatos para las últimas tres semanas de la campaña. Antes de las elecciones del 9 de abril, los propietarios de estaciones de televisión privada acordaron brindar gratuitamente a cada candidato presidencial 10 minutos durante los últimos cuatro días de la campaña. Por lo tanto, cada estación dio hasta 90 minutos de tiempo libre a los candidatos durante la última semana de la campaña. Si los canales tuvieran que proporcionar a cada uno de los dos candidatos 45 minutos para cada una de las tres semanas que quedan, la cantidad de tiempo por semana sería la misma que la provista en la primera vuelta. Dada la importancia nacional de la segunda vuelta y el déficit de cobertura sufrido por la oposición, esta delegación recomienda que los propietarios implementen dicho acuerdo inmediatamente. El gobierno ha anunciado que suspenderá toda la publicidad no indispensable durante el resto de la campaña. Este es un paso concreto para lograr la igualdad de oportunidades. Esta medida liberará considerables espacios que deberían proponerse a los candidatos. Los fondos públicos ahorrados podrían invertirse para proporcionar más espacios publicitarios gratuitos a ambos candidatos. El uso de recursos del gobierno para ventaja electoral del actual presidente debe terminar. Esto incluye la finalización de la propaganda electoral a través de los programas de asistencia alimentaria y el uso de los vehículos y aeronaves del gobierno con cargo al Estado con fines proselitistas en los días restantes antes de la segunda vuelta. El Primer Ministro debe reiterar, por medio de enérgicas declaraciones públicas, que cualquier funcionario del gobierno que utilice recursos del Estado, particularmente la asistencia alimentaria, o utilice el cargo público para sacar ventaja electoral estará sujeto a sanciones administrativas inmediatas y severas y, de ser necesario, procesos penales. Dichas declaraciones deberán ser seguidas por una aplicación inmediata y efectiva. Los observadores electorales peruanos, incluyendo a Transparencia y el Consejo por la Paz, los supervisores de la Defensoría del Pueblo, los medios de comunicación y los observadores internacionales deben tener acceso a todos los aspectos del proceso. Este acceso debe incluir los 57 centros de cómputo regionales y el centro nacional de la ONPE, para poder verificar que el cómputo se hace correctamente, a través de la observación directa, conteos rápidos y otras técnicas. Reiteramos que las autoridades deben devolver el equipo de transmisión de Radio 1160 a sus administradores, de conformidad con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 10 de marzo del 2000. Del mismo modo, la administración de los canales de televisión 13 y 2 deben regresar a manos de sus administradores originales. La ONPE debe realizar revisiones rigurosas de los procedimientos administrativos y de su organización interna, de manera a corregir o eliminar para la segunda vuelta los muchos errores y retrasos que afectaron la primera. Las recomendaciones de los tres grupos de trabajo convocados por la ONPE deberían implementarse rápidamente y deberían tomarse medidas extraordinarias para mejorar la transparencia del proceso y la capacidad de los observadores técnicos para monitorearlo. La ONPE debería mantenerse abierta y flexible a nuevas sugerencias y recomendaciones que pudieran surgir de las negociaciones entre los representantes de Perú 2,000 y Perú Posible. Dos ejemplos de propuestas que pudieran surgir son la de tachas y sustituciones de los miembros de mesa que participaron en la primera vuelta, y la de reducir el número de mesas para facilitarle a los partidos el reclutamiento y movilización de sus personeros. En este sentido, el establecer una interacción positiva entre los acuerdos políticos y las medidas técnicas será determinante para aumentar la confianza de los candidatos y del público en el proceso. El NDI y El Centro Carter continuarán observando los acontecimientos que giren en torno a las elecciones. Para complementar las misiones realizadas hasta la fecha así como el trabajo de sus representantes en el Perú, un nuevo equipo de observación conjunto vendrá para las elecciones del 28 de mayo, y es probable que otro equipo más venga posteriormente para evaluar la totalidad del proceso.