*INFORME DEL NDI/CENTRO CARTER
TERCERA MISION DE OBSERVACION PREELECTORAL*


*/Lima, 24 de Marzo, 2000/*

Este es el informe de la tercera Misi�n Internacional de Observaci�n
Preelectoral organizada conjuntamente por el National Democratic
Institute for International Affairs (o Instituto Nacional Dem�crata para
Asuntos Internacionales - NDI) y el Centro Carter. La Misi�n visit� el
Per� entre el 17 y el 24 de Marzo del 2000. Adicionalmente, el NDI y el
Centro Carter han establecido una presencia cont�nua en el Per� desde
Enero de este a�o que se quedar� hasta despu�s de las elecciones. Es
probable que otra misi�n NDI/Centro Carter visitar� el pa�s en el
per�odo inmediato despu�s de las elecciones del 9 de Abril, para hacer
una evaluaci�n del proceso electoral completo.

*RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES*

El proceso electoral en el Per� est� caracterizado por la polarizaci�n,
la ansiedad y las incertidumbres. No se establecieron las condiciones
para una campa�a electoral justa. A estas alturas, el da�o causado a la
integridad del proceso electoral es irreparable, pero algunas mejoras
pueden y deben hacerse porque los candidatos y los partidos siguen
compitiendo, los ciudadanos est�n participando y los resultados
electorales no est�n decididos.

La experiencia internacional ha demostrado que donde se ha quebrantado
la confianza en el proceso electoral son necesarias medidas
extraordinarias del Gobierno y de las autoridades electorales para
devolver o establecer esa confianza. Estas medidas extraordinarias deben
ir mas all� de los requerimientos m�nimos para elecciones democr�ticas.
Esta lecci�n es claramente aplicable en el Per�, donde las encuestas de
opini�n publica han demostrado constantemente que una porci�n sustancial
de la poblaci�n tiene dudas sobre la justicia y la integridad de las
pr�ximas elecciones.

A principios de Diciembre de 1999 y luego en Febrero de este a�o, dos
misiones NDI/Centro Carter concluyeron que los vicios del entorno
preelectoral y la falta de confianza de la poblaci�n en el proceso
electoral y su infraestructura institucional, eran tan serios que se
necesitaban medidas inmediatas, extraordinarias y concertadas para que
las elecciones del 9 de Abril cumplieran con los est�ndares
internacionales. Esta Misi�n reconoce que se han tomado algunas medidas
para encarar estos problemas. Sin embargo, ni la oportunidad ni los
alcances de estos esfuerzos han sido suficientes para superar los
defectos tan graves que fueron se�alados por las misiones anteriores.
Adicionalmente, han surgido problemas nuevos que han erosionado a�n m�s
las posibilidades de un proceso abierto y competitivo para las
elecciones del pr�ximo 9 de Abril.

A pesar de obst�culos muy grandes, los candidatos de oposici�n y los
partidos pol�ticos contin�an haciendo campa�a activamente. Los
observadores electorales nacionales, la Defensor�a del Pueblo y otras
organizaciones siguen trabajando para mejorar el car�cter democr�tico de
las elecciones. Adicionalmente, los resultados de las elecciones -a
nivel presidencial y legislativo - no son predecibles ni inamovibles.
Por lo tanto, esta Misi�n no puede hacer todav�a una evaluaci�n final de
las elecciones.

Los d�as que faltan para terminar la campa�a, la jornada de votaci�n y
el per�odo post-electoral requieren todos de una extensa observaci�n del
pueblo peruano y de la comunidad internacional. La Misi�n espera que el
Gobierno y las autoridades electorales har�n su m�ximo esfuerzo para
crear las mejores condiciones posibles para las elecciones. Con esto en
mente, la Misi�n ofrece varias recomendaciones al final de este informe.

*LA DELEGACION Y SU TRABAJO*

La Misi�n de observaci�n preelectoral de Marzo del 2000 incluy� al Dr.
Kenneth Wollack, Presidente del Instituto Nacional Dem�crata para
Asuntos Internacionales (NDI); al Dr. Charles Costello, Director del
Programa de Promoci�n de la Democracia del Centro Carter; al Dr.
Guillermo M�rquez, Ex-Presidente del Tribunal Electoral de Panam�; al
Dr. Gerardo Le Chevallier, Director del NDI para Latinoam�rica y el
Caribe; a la Dra. Shelley McConnell, Directora Adjunta del Centro Carter
para Latinoam�rica y el Caribe; y al Dr. Patrick Merloe, Director del
NDI para Elecciones y Procesos Pol�ticos. A la Misi�n se les uni� el Dr.
Luis Fernando Nunes, Director Residente, y el Lic. Barry Levitt,
Director de An�lisis Pol�tico, ambos del Proyecto del NDI/Centro Carter
en el Per�.

Este proyecto de observaci�n se inici� por invitaci�n del Gobierno,
l�deres pol�ticos y dirigentes c�vicos peruanos. Las observaciones de la
Misi�n est�n basadas en una serie de extensas reuniones con candidatos y
l�deres de partidos pol�ticos; con representantes del Gobierno,
incluyendo al Presidente, al Primer Ministro y al Ministro de Defensa;
con autoridades electorales, incluyendo al Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); con la
Conferencia Episcopal Peruana; con la Defensor�a del Pueblo; con
distintas organizaciones no gubernamentales, incluyendo a Transparencia
y al Consejo por la Paz; con los medios de comunicaci�n social y con
expertos en investigaci�n y an�lisis de la opini�n p�blica.

La Misi�n tambi�n utiliz� los informes de sus representantes en el Per�
y el de las misiones anteriores, as� como los de la Organizaci�n de
Estados Americanos (OEA) y de otras organizaciones internacionales
interesadas en este proceso electoral. La Misi�n expresa su
agradecimiento a todos los que se reunieron con ella, por compartir su
tiempo, sus trabajos y sus opiniones.

El NDI y el Centro Carter son organizaciones no gubernamentales que han
participado en m�s de 100 misiones imparciales de observaci�n electoral
en todo el mundo. Los prop�sitos de esta Misi�n fueron, por un lado,
expresar el respaldo de la comunidad internacional para un proceso
electoral democr�tico en el Per� y, por el otro, evaluar el ambiente
pol�tico y la evoluci�n de su entorno, as� como la situaci�n de los
preparativos electorales.

La Misi�n condujo sus actividades de acuerdo a est�ndares aceptados
internacionalmente para la observaci�n electoral internacional
no-partidaria y a la legislaci�n peruana. El NDI y el Centro Carter no
pretenden interferir en el proceso electoral ni hacer - en este momento
- una evaluaci�n final sobre el proceso global. Ambas instituciones
reconocen que, finalmente, ser� el pueblo peruano el que determine la
legitimidad de las elecciones y del gobierno resultante.

Una evaluaci�n completa y precisa de cualquier elecci�n debe considerar
todos los aspectos del proceso electoral. Estos incluyen: 1) las
condiciones definidas por el marco legal; 2) los per�odos preelectoral y
de campa�a; 3) el proceso de votaci�n; 4) el conteo de votos en las
mesas; 5) la tabulaci�n de los resultados; 6) la investigaci�n y
resoluci�n de las denuncias y 7) la conformaci�n del nuevo gobierno.

Ninguna elecci�n puede estudiarse fuera del contexto pol�tico en que se
lleva a cabo. Al per�odo preelectoral -incluyendo la log�stica electoral
y el ambiente pol�tico- se le debe dar un considerable peso cuando se
eval�a la naturaleza democr�tica de las elecciones, porque este per�odo
es fundamental en una competencia que pretende ser verdaderamente
democr�tica. Este es el momento en que los ciudadanos toman consciencia
de su poder para seleccionar a sus gobernantes. Los partidos y los
candidatos movilizan a sus seguidores en una prueba de pluralismo
pol�tico, compitiendo por los votos. Si los candidatos y los partidos no
tienen las mismas condiciones para competir o si el electorado no recibe
informaci�n adecuada para tomar una decisi�n documentada ni sobre
cu�ndo, d�nde y c�mo votar, pueden dudarse del proceso electoral en
cuanto a su naturaleza e integridad.

*CONTEXTO ELECTORAL*

La Misi�n de Diciembre del NDI/Centro Carter encontr� que el entorno
preelectoral y el marco institucional estaban afectados por serios
problemas que requer�an de �esfuerzos conjuntos y continuos� si se
quiere que el proceso electoral cumpla con los est�ndares
internacionales. Entre otros temas, la Misi�n se�al� la falta de acceso
a los medios de comunicaci�n social por parte de los candidatos de
oposici�n, una cobertura parcializada en las noticias, la falta de
cobertura de temas que pueden afectar las preferencias de los
ciudadanos, violaciones de la libertad de prensa, problemas con el marco
jur�dico y resoluciones judiciales, la falta de confianza en las
instituciones electorales y el uso de recursos del Estado para obtener
ventajas electorales.

La misi�n del mes de febrero de este a�o observ� que el proceso
electoral a�n estaba viciado y que en muchos aspectos hab�a empeorado
desde el informe anterior. Esa misi�n nuevamente recalc� que continuaban
los problemas de acceso a los medios y su parcialidad, as� como el uso
indebido de los recursos del Estado en la campa�a. Adicionalmente, esa
misi�n denunci� campa�as de hostigamiento por parte de ciertos medios de
comunicaci�n en contra de candidatos, observadores electorales
nacionales y la Defensor�a del Pueblo, y se�al� lo que parec�a ser una
deliberada concertaci�n para asegurar un resultado legal determinado en
el tema de la reelecci�n del Presidente. La misi�n del mes de Febrero
tambi�n mencion� que se requer�a implementar medidas eficaces �amplias e
inmediatas�, para establecer la credibilidad del proceso y alcanzar los
est�ndares internacionales.

El Gobierno trat� de responder a las recomendaciones ofrecidas por las
Misiones del NDI/Centro Carter y otras. Los medios de comunicaci�n del
Estado, ampliaron el per�odo de espacios gratuitos para los candidatos
de 30 a 45 d�as, y los canales de televisi�n privados de se�al abierta
les ofrecieron una cantidad de tiempo limitado y condicionado a en forma
gratuita (franja electoral) lo cual ha beneficiado principalmente a los
candidatos al Congreso. Se estableci� una l�nea telef�nica especial para
denuncias electorales, y se nombraron Fiscales Especiales para los
distritos electorales. El Primer Ministro emiti� instrucciones escritas
a las autoridades gubernamentales para que respeten la ley y no utilicen
recursos del Estado a favor o en contra de los candidatos. Las Zonas de
Emergencia restantes fueron eliminadas. Adem�s el gobierno entreg�
recursos econ�micos adicionales a la ONPE para realizar un programa
masivo de electoral. Sin embargo, muchas de estas medidas han llegado
tarde y no han sido suficientes para superar la desventaja de la
oposici�n en los medios de comunicaci�n social, superar la aparente
falta de conocimiento del p�blico sobre los procedimientos para votar o
para contrarrestar las percepciones de impunidad por la comisi�n de
delitos electorales.

Mientras el Gobierno tomaba estas medidas, los problemas identificados
por las dos Misiones anteriores del NDI/Centro Carter continuaron o
empeoraron.

Se intensific� la campa�a de difamaci�n contra los observadores
electorales nacionales, la Defensor�a del Pueblo y los medios de
comunicaci�n cr�ticos del Gobierno o del proceso electoral.
Adicionalmente, se promovieron campa�as difamatorias en la llamada
�prensa chicha� contra los principales candidatos de oposici�n.
Pareciera que estas campa�as fueron promovidas y organizadas por
funcionarios del Gobierno. La falta de declaraciones en�rgicas por parte
de voceros gubernamentales contra estas t�cticas, refuerza esta opini�n.

La estaci�n de radio 1160 que hab�a empezado a transmitir comentarios
pol�ticos independientes fue clausurada luego de un cuestionable proceso
judicial. El momento en que se produjeron �ste y otros casos aumenta las
preocupaciones sobre la manipulaci�n del sistema judicial peruano con
fines pol�ticos.

Monitoreos confiables de los medios de comunicaci�n se�alan que la
cobertura noticiosa televisiva p�blica y privada contin�a siendo
sumamente desproporcionada en favor del Presidente - candidato.

Aunque dos funcionarios p�blicos han sido despedidos por distribuir
propaganda electoral junto con ayuda alimenticia oficial, hay informes
confiables de que recursos e instalaciones del Estado - incluyendo
varios programas de distribuci�n alimenticia - contin�an utiliz�ndose
para la campa�a de la alianza Per� 2000.

Adem�s de estos problemas, ha surgido una denuncia de falsificaci�n de
firmas para inscribir al Frente Nacional Independiente Per� 2000, uno de
los grupos pol�ticos que form� la Alianza Per� 2000 para promover la
reelecci�n del Presidente Fujimori y una lista de candidatos para el
Congreso. Este caso no ha sido manejado de manera que se disminuya la
desconfianza ciudadana, sino que refuerza la idea de que existen
manipulaciones electorales que se llevan a cabo con impunidad. El retiro
de dos candidatos al Congreso presuntamente asociados con las
falsificaciones, el retiro del Frente Nacional Independiente Per� 2000
de la alianza Per� 2000 y la cancelaci�n oportunista de dicho Frente por
el Jurado Nacional de Elecciones, no abordan las acusaciones ni tampoco
hasta qu� punto las autoridades electorales pueden haber participado en
la falsificaci�n.

El esc�ndalo ha afectado a�n m�s la confianza p�blica en las autoridades
responsables de organizar las elecciones. La posible participaci�n de
funcionarios de la ONPE en la presunta falsificaci�n ha deteriorado la
credibilidad de la organizaci�n cuya misi�n es justamente garantizar la
integridad del proceso electoral. La falta de informaci�n concerniente a
la investigaci�n criminal de la Fiscal Especial y la aparente pasividad
de los cuerpos electorales relevantes - el JNE y la ONPE - ponen en duda
la credibilidad del proceso judicial, as� como de las autoridades
electorales.

Las condiciones circundantes al esc�ndalo de la falsificaci�n as� como
los problemas con el acceso a los medios de comunicaci�n y libertad de
prensa, oblig� a la Misi�n de Observadores Electorales de la OEA en su
comunicado de prensa del 17 de marzo a expresar una �profunda
preocupaci�n por el empeoramiento de las deficiencias demostrada en el
proceso electoral que fueron detalladas en nuestro Bolet�n No. 1� del 10
de Marzo. El Relator Especial para la Libertad de Expresi�n de la OEA,
inform� el pasado 8 de marzo que las numerosas limitaciones a la
libertad de expresi�n que se dan en el Per� representan �un obst�culo
serio para el desarrollo normal del proceso electoral�.

Investigaciones de opini�n p�blica demuestran que amplios sectores del
electorado no tienen el conocimiento necesario sobre los procedimientos
de votaci�n. Dado el alto e inusual porcentaje de votos anulados en 1995
y la complejidad del voto calificado para los candidatos al Congreso,
muchas de las personas con quienes se reuni� la Misi�n expresaron su
preocupaci�n de que los esfuerzos de la ONPE por educar al votante no
han sido suficientes. Aunque el tiempo restante para las elecciones es
ya demasiado corto, realizar campa�as masivas de educaci�n electoral es
una de las acciones m�s importantes que a�n se pueden implementar para
mejorar la naturaleza del proceso electoral.

Mientras la atenci�n del p�blico se enfoca hacia al d�a de las
elecciones, se necesita asegurar la integridad de los procesos de
votaci�n y del conteo de las actas. y para que la tabulaci�n y anuncio
de resultados reflejen en forma precisa la voluntad del electorado. En
este aspecto, los esfuerzos de los personeros y observadores electorales
peruanos, de la Defensor�a del Pueblo, de los medios de comunicaci�n y
de los observadores internacionales son cruciales. Las autoridades
electorales deben garantizar libre acceso a todos los aspectos del
proceso electoral el d�a de las elecciones y a la tabulaci�n de los
resultados, incluyendo los sistemas de computaci�n de la ONPE y de su
posible c�mputo r�pido extraoficial de resultados de la elecci�n
presidencial y del Congreso.

*RECOMENDACIONES*

Aunque es ya cr�ticamente tarde en cuanto al per�odo preelectoral y se
ha hecho ya un da�o irreparable a la integridad del proceso, hay a�n
mejoras que se pueden y deben hacer. Con esto en mente y con la buena
voluntad de la cooperaci�n internacional, la Misi�n ofrece las
siguientes recomendaciones:

   1.

      Mientras que las interrupciones de los actos de campa�a han
      disminuido, han continuado algunos actos de violencia contra los
      candidatos. En este sentido, deben llevarse a cabo esfuerzos
      concertados por todos los actores del proceso electoral para
      prevenir cualesquiera incidentes de violencia y violaciones de
      derechos pol�ticos.

   2.

      Las campa�as de vilipendio (guerra sucia) contra candidatos,
      observadores, la Defensor�a del Pueblo y los medios de
      comunicaci�n social deben cesar. Los funcionarios de gobierno y
      autoridades electorales deben condenar tales t�cticas p�blicamente.

   3.

      Los medios de comunicaci�n privados y estatales deben dar
      cobertura objetiva, equitativa y balanceada a los candidatos
      presidenciales y partidos pol�ticos que participan en las
      elecciones. y deben proveer al publico con informaci�n para un
      voto responsable, consciente y libre.

   4.

      Aunque ya que no es probable que m�s acceso a los medios de
      comunicaci�n tenga un efecto muy significativo en las preferencias
      del electorado, se deber�an organizar y transmitir por la
      televisi�n de se�al abierta debates entre todos los candidatos
      presidenciales, lo cual generar�a mucha audiencia y ayudar�a a
      incrementar el conocimiento de los candidatos y de sus propuestas
      para el futuro del pa�s. Adicionalmente, los medios de
      comunicaci�n deber�an � tal y como le aseguraron sus
      representantes a nuestra Misi�n - poner a disposici�n de todos los
      candidatos espacios publicitarios a tarifas comerciales normales.

   5.

      Las autoridades deber�an devolver su equipo de transmisi�n a la
      Radio 1160, y la administraci�n de los canales 13 y 2 a sus
      propietarios y administradores originales.

   6.

      El Primer Ministro deber�a reiterar a trav�s de en�rgicos
      pronunciamientos p�blicos que todo funcionario gubernamental que
      use los recursos del Estado, particularmente las ayudas
      alimentarias, con fines electorales estar� sujeto a severas e
      inmediatas sanciones administrativas y, si es del caso, a un
      proceso penal. A tales pronunciamientos debe seguir su inmediata y
      eficaz aplicaci�n.

   7.

      La Fiscal Especial, la ONPE, el JNE y dem�s autoridades
      competentes, deben proceder a la publicaci�n inmediata en los
      peri�dicos de las presuntas firmas falsificadas presentadas para
      el reconocimiento del Frente Per� 2000, a fin de que los
      ciudadanos puedan confirmar o desmentir el uso fraudulento de sus
      firmas y reclamar su derecho de apoyar a cualquier partido de su
      preferencia.

   8.

      La ONPE y el JNE deben efectuar una exhaustiva revisi�n de los
      procedimientos administrativos e investigar la responsabilidad de
      cualesquiera individuos que est�n involucrados en la escandalosa
      falsificaci�n de firmas. Debe informarse prontamente al p�blico
      del estado de estas revisiones y de las investigaciones por la
      ONPE y el JNE, y la Fiscal�a Especial debe informar inmediatamente
      sobre el estado de la investigaci�n penal dentro de las
      limitaciones del debido proceso y de los derechos de quienes
      puedan ser acusados. Tales acciones inmediatas son imprescindibles
      para contrarrestar la impunidad y contribuir� a restablecer la
      confianza p�blica en el proceso electoral.

   9.

      Debe garantizarse el acceso completo de candidatos, personeros,
      observadores electorales nacionales e internacionales en todas las
      etapas de la votaci�n, conteo, tabulaci�n y anuncio de los
      resultados electorales, as� como a los mecanismos de denuncias
      electorales. Dicho acceso debe permitir conteos paralelos
      independientes as� como otras actividades que ayuden a asegurar la
      confianza p�blica en los resultados electorales.

  10.

      Si la ONPE organizara una tabulaci�n de votos paralela - ya sea
      con base nacional o con una muestra estad�stica determinada al
      azar - los candidatos y personeros de los partidos, los
      observadores nacionales e internacionales y la Defensor�a del
      Pueblo deber�an tener acceso completo al proceso. Copias de las
      actas de esa tabulaci�n no-oficial deber�an entregarse a los
      personeros, como sucede con las actas para el conteo oficial.
      Tambi�n ser�a beneficioso que las copias de todas las actas fuesen
      puestas a disposici�n de entidades no-partidarias cre�bles
      involucradas en el proceso electoral, como la Conferencia
      Episcopal de la Iglesia Cat�lica, Transparencia o la Defensor�a
      del Pueblo. Si las autoridades electorales emiten resultados
      parciales no-oficiales, el porcentaje y la ubicaci�n de las mesas
      contabilizadas deber�an ser anunciados con los resultados
      parciales porque, de no hacerse, estos resultados confundir�an al
      p�blico.

  11.

      La ONPE y dem�s entidades responsables deber�an intensificar
      considerablemente las campa�as de educaci�n del votante, inclusive
      en idiomas Quechua, Aymara y en otros utilizados por los peruanos,
      para maximizar la participaci�n de los votantes y reducir el
      porcentaje de votos anulados.

En los �ltimos cuatro meses se han perdido oportunidades para crear un
ambiente preelectoral genuinamente abierto y democr�tico. Mientras que
el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas ya no puede
contrarrestar las serias deficiencias identificadas por las anteriores
misiones del NDI/Centro Carter y otros observadores, todav�a puede
ayudar a reducir el riesgo de que los ciudadanos peruanos consideren el
proceso como ileg�timo en su totalidad. Fieles a su compromiso, el NDI y
el Centro Carter continuar�n observando todos los aspectos del proceso y
emitir�n los informes pertinentes.

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