SEGUNDO INFORME DE LA MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACION PRE-ELECTORAL Lima, 11 de febrero del 2000 I. INTRODUCCION Este informe es presentado por una delegación internacional pre electoral para el Perú, organizada conjuntamente por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) y el Centro Carter (The Carter Center). Esta delegación visitó el Perú entre el 7y el 11 de Febrero del 2000. Es la segunda de una serie de tres (3) misiones que se han proyectado para las delegaciones del NDI/TCC, las cuales observarán el período pre-electoral. Además el NDI/TCC han establecido su presencia continua con una oficina en el Perú desde el mes de enero último hasta pasadas las elecciones del 2000, para poder evaluar a fondo todo el proceso electoral. El NDI y el TCC son organizaciones no gubernamentales e independientes que han observado en forma imparcial procesos electorales en distintos países de América y del mundo. Los objetivos de esta delegación eran manifestar el apoyo de la comunidad internacional para un proceso electoral democrático en el Perú y para evaluar el entorno político imperante en el período pre electoral, así como también los preparativos pre electorales. La delegación realizó sus actividades de acuerdo a las reglas internacionales para la observación no partidaria y a las leyes del Perú. El NDI/TCC no pretende interferir en el proceso electoral ni, en este momento, hacer una evaluación final sobre el proceso. Ambas instituciones reconocen que, a final de cuentas, será el pueblo peruano quién determine la legitimidad de las elecciones y del gobierno que resulte elegido. Resumen De Observaciones Tal como se detalla a continuación, las observaciones de la delegación se basan en una extensa serie de entrevistas y reuniones con los candidatos, representantes del Gobierno, autoridades electorales, organizaciones no gubernamentales, expertos en análisis político así como el trabajo de investigación de los representantes de nuestra oficina regional durante las últimas cuatro semanas y también del trabajo de nuestra delegación anterior, que visitó el Perú del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 1999. La presente delegación desea dejar constancia de su agradecimiento a todos aquellos con quienes se ha reunido, por haberle proporcionado su tiempo y sus puntos de vista. La Delegación actuó cuando la competencia presidencial ya estaba encaminada, y estuvo presente en el Perú durante el registro oficial de las listas parlamentarias de cada partido, lo cual culminó el 9 de Febrero. Luego de haber sido efectuada la selección de los miembros de mesa, las autoridades electorales están en el proceso de verificar el Padrón Electoral así como el nombramiento y selección de las autoridades electorales a nivel regional (Jurados Especiales Electorales). La oficina de la Defensoría del Pueblo está promocionando la honradez del proceso electoral en varias formas, incluyendo educación cívica, mejoramiento del acceso a la votación para todos los peruanos y dando ayuda a las organizaciones peruanas involucradas en esfuerzos similares. Además, Transparencia, una organización civil que está jugando un papel prominente, está observando el proceso electoral, entrenando y coordinando observadores imparciales para las elecciones. Al igual que esta última, el Foro Democrático está entrenando a los observadores de encuestas, en programas en los que participan distintos partidos. La Delegación considera favorablemente las declaraciones hechas y las acciones tomadas durante el último mes por el Presidente, el Primer Ministro, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, acciones éstas destinadas a mejorar la honestidad del proceso electoral. Sin embargo, el proceso electoral sigue obstaculizado por serios problemas, razón por la cual la evaluación de los observadores que conforman esta segunda Delegación apunta a los diversos aspectos en los que las condiciones del proceso han empeorado desde que la primera delegación emitió su informe a principios de diciembre de 1999. De las principales recomendaciones de la primera Delegación - proteger la libertad de prensa, aumentar la imparcialidad de acceso a los medios informativos, fortalecer la autonomía del poder judicial y de otorgar acceso a los observadores domésticos e internacionales al proceso electoral - sólo la invitación a los observadores internacionales demuestra progreso. Más aún, existe la percepción generalizada de que el proceso electoral tiene fallas, y esta percepción limita la confianza del público en las elecciones. Es por lo tanto importante, no sólo que los representantes del Gobierno hagan declaraciones sobre el mejoramiento del proceso electoral, sino que es vital que se tomen medidas efectivas, que sean inmediatamente implementadas en forma comprensiva, para que la credibilidad del proceso sea reconocida y se pueda cumplir con las normas internacionales. Las condiciones políticas para elecciones libres y justas no han sido aún implementadas. Los miembros de la Delegación consideran que mejoras significativas en el proceso electoral son aún posibles, pero están preocupados por el hecho de que una tercera parte del período pre-electoral ya ha transcurrido. Por lo tanto, la Delegación recomienda al Gobierno del Perú y a sus autoridades electorales que actúen rápidamente para recuperar la confianza pública en el proceso electoral, y con este fin la Delegación ofrece una serie de sugerencias y propuestas urgentes para obtener estas mejoras. II. LA DELEGACION Y SU TRABAJO La segunda Delegación pre-electoral de febrero del año 2000 estuvo compuesta por: Su Excelencia Rodrigo Carazo, ex Presidente de Costa Rica; Dr. Guillermo Márquez, ex Presidente del Tribunal Electoral de Panamá ; Dr. Gerardo Le Chevalier, Director del NDI para América Latina y el Caribe, y Dra. Shelley McConnell, Directora Asociada del TCC para América Latina y el Caribe. A la delegación se incorporó el Dr. Luis Nunes, Director de Proyectos del NDI/TCC- Misión Conjunta Electoral en el Perú y el Sr. Barry Levitt, Analista Político Principal del NDI/TCC en el Perú. La Delegación fue invitada por el Gobierno del Perú y por líderes cívicos y políticos peruanos. Los miembros de la delegación se reunieron con un grupo representativo de líderes político, jefes de oficinas electorales, analistas políticos, así como representantes de organizaciones no gubernamentales, e incluyendo además: el Primer Ministro, Alberto Bustamante Belaúnde ; el congresista, Carlos Torres y Torres Lara; los candidatos presidenciales, Alberto Andrade (Somos Perú), Luis Catañeda Lossio (Solidaridad Nacional), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Federico Salas (Avancemos), Abel Salinas (Apra), Máximo San Román (Unión por el Perú) y Alejandro Toledo (Perú Posible); representantes del JNE y del ONPE ; el Defensor del Pueblo ; miembros de los medios de comunicación social, compañías encuestadoras, académicos y con organizaciones democráticas no partidarias tales como Transparencia y Foro Democrático. El objetivo principal de la Delegación era demostrar el interés de la comunidad internacional en, y en apoyo de, un proceso electoral transparente y democrático en el Perú, y constatar la implementación de las observaciones de la primera Delegación y las de nuestros representantes. Específicamente a la Delegación se le encargaron las siguientes actividades: (1) evaluar el entorno legal y administrativo dentro del cual se están llevando a cabo estas elecciones; (2) evaluar el ambiente político y el grado en que estas elecciones pueden realizarse en forma libre y justa; (3) identificar cualquier problema en el proceso electoral y efectuar recomendaciones específicas sobre como pueden éstas ser reducidas; (4) proporcionar los datos obtenidos de los representantes cívicos, de los medios, políticos y gubernamentales, público en general, y hacer las recomendaciones correspondientes; (5) investigar los asuntos mencionados durante la primera visita de la Delegación NDI/TCC al Perú, tales como el uso de fondos públicos para la campaña electoral ; y (6) evaluar si es que se han realizado o no modificaciones al proceso que puedan variar la conclusión a la que llegó la primera Delegación que indicó : "el ambiente pre-electoral se distingue por tener serias fallas, y los problemas indicados deben ser atendidos con esfuerzos concertados y sostenidos en el período que sigue para que se pueda considerar que el proceso electoral cumple con las normas internacionales para elecciones democráticas genuinas". (Informe del NDI/TCC, Delegación pre-electoral al Perú, Diciembre 1999, emitido el 3 de Diciembre de 1999) III. CONTEXTO ELECTORAL Como se indicó en el informe del 3 de Diciembre de 1999 de la Delegación pre-electoral del NDI/TCC, una evaluación completa y fiel de cualquier elección debe tomar en consideración todos los aspectos del proceso electoral. Estos incluyen: 1) las condiciones imperantes por el entorno legal ; 2) el período pre-electoral antes y durante la campaña ; 3) el proceso de votación ; 4) el proceso del conteo; 5) la tabulación de los resultados; 6) la investigación y la resolución de los reclamos; y 7) las condiciones prevalecientes durante la formación del nuevo gobierno. Por lo tanto esta Delegación no pre juzga el proceso en su integridad. Al mismo tiempo, una elección no puede ser vista independientemente del contexto político en la cual se efectúa. Al período pre-electoral, incluyendo los preparativos electorales así como al entorno político se les debe dar un valor considerable al evaluar la naturaleza democrática de las elecciones. El Caso de la Reelección El punto clave relacionado con las elecciones del año 2000 se centra en que si el Presidente Fujimori está constitucionalmente autorizado a presentarse este año, buscando la reelección para un nuevo período. La Constitución del Perú indica que todas las controversias relacionadas con asuntos electorales deben ser resueltas por el JNE, sin lugar a apelación (Artículo 181). Esto incluye casos que involucran interpretación constitucional. La duda nace debido a que el Presidente Fujimori fue originalmente elegido en 1990, bajo la Constitución anterior (la cual permitía solo un período presidencial), y fue elegido nuevamente en 1995 bajo la Constitución actual. El artículo 112 de la Constitución actual, que se implementó en 1993, indica que: "El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido inmediatamente para un período adicional". Por lo tanto la controversia está centrada en que si el primer período de cinco años del Presidente Fujimori debe considerarse dentro de la nueva Constitución. El Presidente Fujimori presentó su candidatura el 27 de Diciembre de 1999. Esta fue inmediatamente objetada ante el JNE mediante 18 mociones, incluyendo mociones presentadas por los partidos políticos de oposición, grupos cívicos, y el Colegio de Abogados de Lima. Nueve de las mociones objetaban su candidatura en base a la ley electoral ; las nueve fueron rechazadas por votación unánime del JNE. Seis mociones objetaron su candidatura basadas en argumentos constitucionales. Cuatro de los cinco miembros del JNE votaron en contra de estas mociones, mientras que un miembro, Ramiro de Valdivia Cano, votó a favor. La decisión del JNE precipitó demostraciones públicas contra la candidatura del Presidente Fujimori por varios miles de personas en Lima y en otras ciudades. A pesar de que el fallo del JNE da por terminado el asunto en lo que se refiere a la Ley del Perú el NDI y el TCC están seriamente preocupados por el conjunto de maniobras políticas dirigidas a pre determinar el resultado del asunto legal. Considerado como un todo, estas medidas le restan credibilidad al proceso político en el Perú. En 1996, el Congreso aprobó la "Ley de Interpretación Auténtica", que sustentó que, en realidad, la elección de 1990 del Presidente Fujimori no contaba dentro del límite de dos períodos de la Constitución actual. Esta acción del Congreso no era constitucionalmente definitiva, pero incorporó el sentir de la Legislatura al debate. En 1997, el Tribunal Constitucional del Perú, con la firma de tres de sus miembros y la abstención de cuatro, emitió su opinión de que la Ley de Interpretación Auténtica no se aplicaba a este asunto. A continuación el Congreso removió a los tres miembros del Tribunal Constitucional que firmaron la opinión. Sus lugares siguen vacantes, lo cual no le permite al Tribunal Constitucional tener el número de miembros necesario para declarar que una Ley es anticonstitucional. Organizaciones civiles obtuvieron más del número de firmas requeridas para llevar el asunto de la candidatura del Presidente Fujimori a un Referéndum Nacional, (10% de los votantes registrados). El Congreso aprobó otra ley indicando de que el Congreso debe determinar previamente si el objeto del Referéndum puede llevarse a votación. Esta restricción a las previsiones de la Constitución en sí misma es altamente controversial y aparentemente viola el principio de que en una democracia los derechos establecidos por la Constitución no pueden ser restringidos innecesariamente. Más aún, en 1998, el Congreso actuó para evitar el Referéndum sobre la reelección. La posibilidad de que los ciudadanos cuestionen estas u otras acciones está restringida debido a la falta de quórum en el Tribunal Constitucional para declarar una ley anticonstitucional y además porque el Perú se ha retirado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomados en conjunto, estas acciones aparentan ser una orquestación dirigida a asegurar un resultado legal específico para obtener la base legal para la reelección del presidente - sin considerar el mérito legal de los argumentos. Estos pasos durante un largo período han dañado la credibilidad del proceso político y rebajado la confianza del público así como haber aumentado la controversia en las elecciones. Estas acciones, combinadas con otras relacionadas con el estado provisional de jueces y fiscales, también han afectado la confianza pública en la independencia del proceso judicial y en la habilidad de poder obtener soluciones legales en asuntos de materia política. IV. HECHOS RECIENTES Y ASUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR Ahora que la campaña electoral adquiere mayor impulso y las autoridades electorales se preparan para administrar el proceso de votación, algunos hechos recientes crean asuntos claves, incluyendo : Falta de Objetividad en los medios En un proceso electoral libre y justo, las campañas electorales deben tener debates políticos abiertos, con puntos de vista opuestos y programas públicamente presentados. La libertad de acceso a la información es un derecho humano, especialmente en el hace contexto de una elección, en la cual la posibilidad de escoger razonablemente entre varios candidatos posible la expresión política del deseo del pueblo. Tanto para el electorado como para los candidatos, el libre acceso a los medios de comunicación masiva está incorporado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual indica que todos tienen el derecho de buscar, recibir y proporcionar información e ideas, lo que es básico al derecho de elecciones genuinas contenido en el Artículo 21 de la misma declaración. Así mismo la ley orgánica de elecciones del Perú (26859) en su Artículo 186, indica que en la difusión de propaganda para la campaña electoral, cualquiera que sea el medio: "condiciones iguales deben aplicarse a todos los partidos y candidatos". Más aún, el Artículo 26 de la ley de telecomunicaciones (D.S. 013-93-TCC) específicamente menciona al Jurado Nacional de Elecciones como la entidad que "durante el proceso electoral asegura que las compañías que ofrecen servicios de transmisión deben proveer sin ninguna discriminación, y en condiciones comerciales iguales, espacios a partidos políticos, grupos políticos o candidatos debidamente inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones". La Delegación ve positivamente las recientes declaraciones hechas por el Presidente y el Primer Ministro, en el sentido de que el Gobierno se está preocupando en obtener acceso a los medios para todos los candidatos. La extensión del período durante el cual el Gobierno proveerá tiempo gratis a los candidatos en los medios de propiedad del Estado, de 30 a 45 días antes de la elección, es un paso hacia una mayor justicia informativa. Más aún, por lo menos una estación privada ha ofrecido aceptar estos pedidos para mayor acceso. Sin embargo la mayoría de las estaciones de televisión privadas no han respondido a estos pedidos. Aunque aplaudimos al JNE por haber emitido su declaración en este asunto (Comunicado Oficial 200-P/JNE), aparentemente no está tomando ninguna acción para garantizar la integridad en este aspecto del proceso electoral. La campaña electoral del 2000 ha sido obstaculizada por la falta de objetividad de los medios y por una tendencia hacia el periodismo sensacionalista. La discusión política sustantiva es una rareza en televisión, especialmente en la televisión abierta, mientras que sólo un grupo minoritario de peruanos tiene acceso a la televisión por cable. En lugar de auspiciar debates serios, la Delegación ha observado que varias estaciones de televisión abierta están positivamente predispuestas y hostiles hacia los candidatos de oposición y a los observadores peruanos de las elecciones (ver abajo). Así mismo, la "prensa chicha" continúa siendo desproporcionadamente anti oposición y pro gobierno, y muchos peruanos creen que estos periódicos son parte de un esfuerzo concertado para difamar a los líderes de la oposición. Han habido varios reclamos por candidatos de la oposición de que se les ha negado, no sólo una cobertura objetiva de sus campañas y programas, sino también la oportunidad de pagar por espacios de publicidad en la televisión abierta. Los gerentes de varias estaciones de los medios locales han sido acusados de negarse a vender espacios comerciales o de cobrar precios prohibitivamente altos por ellos. Una encuesta reciente efectuada por Transparencia ha demostrado que la cobertura de candidatos en la televisión ha sido un poco más equilibrada en el mes de enero en comparación con los meses anteriores, a pesar de que el Presidente Fujimori todavía recibe una cobertura desproporcionada. Debe notarse, sin embargo, que la información de Transparencia no hace distinción entre la cobertura negativa y la positiva y por lo tanto los recientes ataques en los medios a los candidatos de oposición tienen el efecto erróneo de hacer parecer la cobertura como más equilibrada. Es también preocupante que el Gobierno peruano sea el mayor comprador de espacios para publicidad en la radio y televisión. Como consecuencia de deudas tributarias pendientes, el Gobierno es también el mayor acreedor de la mayoría de las estaciones de televisión abiertas. De acuerdo a muchos observadores, es la amenaza potencial de la cobranza de estas deudas o la retracción del mayor proveedor de ingresos por publicidad, lo que actúa como un obstáculo para que los medios vendan espacios a los candidatos de oposición. Así también, la Delegación encontró que es curioso que varias de las estaciones de televisión estén en la actualidad involucradas en disputas políticamente sensibles sobre su propiedad. Más aún, la Delegación tuvo dificultad para entender porqué algunas estaciones que están con grandes dificultades financieras, pueden rehusar la venta de publicidad a clientes que ofrecen pago por adelantado. Finalmente, la saturación de las ondas por mensajes pagados por el Gobierno utilizando un logo casi idéntico al del grupo político del Presidente, ha generado dudas sobre los efectos de estos mensajes en los votantes, y por lo tanto, el uso de recursos públicos para fines políticos (ver abajo). Hostigamiento a los candidatos y a los observadores locales Miembros de la oposición siguen quejándose de casos de hostigamiento, tales como contra-manifestaciones y apagones misteriosos durante las concentraciones. A pesar de que la Delegación no pudo establecer el origen de estos incidentes, la ocurrencia de estos casos hacen presumir de que no son coincidencias. Sin embargo, la Delegación ha notado de que ha habido una disminución en la interrupción violenta de las concentraciones y reuniones. El hecho de no demandar consistentemente a los responsables de estos incidentes, contribuye a una atmósfera de intimidación y suspicacia que se convierte en una seria amenaza contra la credibilidad y transparencia del proceso electoral. Muchos candidatos consideran que presentar quejas relacionadas con la elección es una pérdida del poco tiempo y recursos con los que cuentan, ya que los que han seguido procesos legales en su mayoría no han tenido éxito. Lo más importante, es que hay una percepción generalizada de que existe intimidación, y esta percepción en sí reduce la confianza en el proceso y afecta las actividades y estrategias electorales de los candidatos de oposición. Las organizaciones peruanas que están involucradas en la observación y la integridad del proceso electoral también han sido objeto de campañas de hostigamiento concertadas. Tanto el Defensor del Pueblo como el Secretario General de Transparencia han sido difamados en los medios, especialmente en el canal 2 de televisión - la estación que se le quitó al empresario Baruch Ivcher. Estos ataques han contribuido ha crear una rebaja de la causa democrática dentro de la sociedad peruana, en vista que estos individuos no politizados son atacados públicamente justamente por respaldar un compromiso con un proceso electoral genuino. Uso de recursos públicos, espacios y agencias Debido al doble papel que tiene Alberto Fujimori tanto como presidente como candidato, se ha desatado un gran debate público sobre el uso de recursos públicos con fines electorales. El Presidente ha ofrecido no efectuar actividad electoral cuando inaugure obras públicas o participe en otros eventos estatales. Es siempre difícil distinguir actos estatales de actividad electoral. Esto es particularmente cierto en las inauguraciones de obras públicas, las cuales en los dos meses que faltan para las elecciones, seguramente serán consideradas como actividad electoral, tanto como por los votantes como por los competidores políticos. Estas actividades podrían tener un impacto importante a la hora que los votantes escojan y por lo tanto equivaldrían a utilizar recursos del Estado para obtener ventaja electoral. La oficina local de NDI/TCC ha visto por lo menos un ejemplo concreto de la inauguración de una obra pública, que fue explícitamente vinculada a la campaña por la reelección. La inauguración de la clínica pública ESSALUD en La Molina (Lima) se publicitó en el mismo volante que contenía una cita pro Fujimori. Igualmente controversial ha sido la falta de equidad en el uso de espacios públicos para propaganda electoral, y en algunos casos, el uso de zonas militares restringidas - cercadas por avisos indicando que los guardias tienen orden de disparar a los intrusos - creando avisos altamente visibles de "Perú 2000" en los cerros. Finalmente existe por lo menos evidencia circunstancial de la presión política que está aplicando la Agencia Peruana de Recaudación de Impuestos (SUNAT) así como de otras entidades públicas contra los candidatos de oposición y de los que los apoyan. Por lo menos uno de los candidatos presidenciales ha sido objeto de una auditoria de impuestos agresiva, dentro de las dos semanas de haber anunciado su candidatura. Varios otros candidatos así como representantes del sector privado han manifestado que potenciales donantes de fondos han sido disuadidos de apoyar una campaña de oposición debido a la amenaza de auditorías por la SUNAT. El JNE está investigando en la actualidad algunos de los casos más flagrantes de utilización de espacios públicos para publicidad pro Fujimorista, tales como los avisos gigantescos de "Perú 2000" mencionados arriba. Sin embargo, ha sido lento en reaccionar a demandas públicas y no ha actuado diligentemente para proteger los derechos de los ciudadanos y para auspiciar imparcialidad en el proceso electoral. Más aún, después de varias semanas no se ha hecho mucho para encontrar y castigar a los responsables, lo que envía dos señales peligrosas al electorado : que el Gobierno y los que lo apoyan pueden actuar con impunidad, y que los militares están vinculados con la campaña para la reelección. Administración electoral El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) comparten la responsabilidad de organizar y manejar las elecciones en el Perú. Muchos de los partidos de oposición y grupos cívicos han manifestado su preocupación en lo que se refiere a la independencia e imparcialidad de estos tres organismos electorales. Al administrar la logística del proceso electoral, el JNE y la ONPE han demostrado una falta significativa de adherencia a las leyes electorales y a sus propios reglamentos internos. Los procedimientos para nombrar y seleccionar a los Jurados Especiales Electorales (JEE) regionales y en especial a aquellos procedimientos que permiten la participación del público en el proceso, mediante el derecho a veto, fueron en varios casos ignorados. Como consecuencia, quince de los cuarentisiete (47) JEE, han tenido que ser renombrados. A pesar de esto algunos de los miembros de los JEE son activistas de Perú 2000 o representantes del Gobierno. Cualquiera de estos factores podría tener, a primera vista, base legal para vetar a un miembro de JEE. Las autoridades electorales han actuado para corregir sólo algunas de las irregularidades procesales que han ocurrido, y lo han hecho sólo luego de ser criticadas por los medios o por la sociedad civil. Por ejemplo, aparentaba al público que el Jurado no parecía estar verificando conscientemente la selección de los miembros de los JEE. Más aún, en varios casos el JNE ha demostrado una falta de voluntad política para investigar y actuar sobre denuncias, lo cual puede ayudar a explicar la falta de confianza del público en esta institución según lo demostrado por las encuestas de opinión pública. La Delegación está gratamente impresionada con la alta capacidad técnica y sofisticación metodológica de la ONPE y del RENIEC, lo cual representa una mejora significativa en comparación con las elecciones de 1995. Las herramientas tecnológicas para asegurar la integridad del voto están en realidad, a disposición de las autoridades electorales. Por ejemplo, los resultados del conteo de votos en cada lugar de votación estarán disponibles en una base electrónica, lo cual permitirá a los partidos y a los observadores electorales verificar que los resultados que ellos observaron en los lugares de votación fueron ingresados y tabulados en forma correcta en los resultados electorales nacionales. Sin embargo, aún las herramientas más sofisticadas no eliminan la necesidad de observadores electorales bien entrenados, tales como los personeros de los partidos. Los partidos de oposición están preocupados de que sólo podrán controlar un porcentaje pequeño de las ochentisiete mil mesas. Una solución propuesta por el JNE, sería que el personero de cada partido pueda supervisar más de una mesa en el mismo local. Para concluir, la Delegación aplaude los esfuerzos de aquellas organizaciones peruanas que están trabajando en forma profesional para entrenar a personeros partidarios. Registro de Votantes A pesar de que el proceso de registro de votantes finalizó en Diciembre, se ha generado una controversia significativa sobre la exactitud de la lista de votantes (Padrón Electoral). El plazo para la verificación del Padrón y para la sugerencia de correcciones fue del 9 de Diciembre de 1999 hasta el 10 de Enero del 2000. Por primera vez en la historia del Perú, una versión preliminar de la lista de votantes fue entregada a los partidos y a la sociedad civil - un paso positivo a una relación más productiva entre estas organizaciones y las autoridades electorales. Sin embargo, tanto Transparencia como los partidos políticos se han quejado de que el formato de la información que han recibido no les permite realizar un análisis completo y sistemático de la lista. Sin embargo, utilizando esta información Transparencia efectuó un estudio en el cual utilizó nombres de votantes al azar, de la versión preliminar del Padrón. En el subsiguiente análisis encontraron que el 2.2% de la lista correspondía a gente que había fallecido pero que seguían figurando en el Padrón, y que otro 2.4% ha emigrado del Perú pero que todavía figura en sus domicilios locales. Más aún, un tercio de aquellos escogidos figuraban con una dirección errada. A pesar de que las autoridades electorales inicialmente indicaron que los estimados de Transparencia eran exagerados, subsecuentemente la ONPE dio instrucciones al JNE para que amplíe el plazo otorgado para corregir y actualizar el Padrón, del 10 de Enero al 15 de Febrero, decisión con la que esta Delegación está de acuerdo. Un experto internacional evaluó la metodología de Transparencia en gran detalle e informó a la Delegación de que ésta era válida, y que los esfuerzos de la organización eran impresionantes. La Delegación observó además que los errores en el Padrón no deben amenazar seriamente la integridad del proceso electoral, y que el Padrón ha sido mejorado notablemente desde 1995. V. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES DE PLAZOS La experiencia internacional demuestra que muchas veces se necesitan tomar medidas extraordinarias por el Gobierno para establecer confianza en los procesos políticos y electorales del país. Esto es especialmente cierto cuando un país ha experimentado la interrupción en la continuidad de sus instituciones democráticas y donde las tradiciones democráticas aún no han sido firmemente establecidas. La Delegación ha notado un deseo marcado de los ciudadanos peruanos así como de las autoridades para organizar elecciones democráticas. Con esto en mente y con el espíritu de cooperación internacional, la Delegación ofrece respetuosamente las siguientes recomendaciones; es el deseo de la Delegación de que estas recomendaciones ayuden a aquellos que están trabajando para lograr un proceso electoral válido, que cumpla con las obligaciones del Perú para organizar elecciones dentro de las pautas internacionales. Proporcionando Acceso a los Medios: las entidades electorales y los funcionarios del Gobierno deben insistir con los medios de comunicación para que actúen en forma responsable y justa, proporcionando tiempo y espacio a los partidos y a los candidatos presidenciales. Los medios de comunicación deben poner a disposición de los partidos y de los candidatos, tiempo de transmisión y espacio escrito, a los precios normales del mercado y sin discriminación entre los candidatos políticos. Además el Gobierno debe comprar tiempo y espacio en los medios privados y ponerlo a disposición de los partidos y candidatos en forma equitativa. Un mecanismo debe establecerse para asegurar inmediatamente la correcta distribución del tiempo libre en los medios de propiedad del Estado. Estas y otras medidas apropiadas deben implementarse inmediatamente con el objeto de proveer acceso significativo a los medios de comunicación para los candidatos, lo cual es necesario para que los votantes puedan elegir en forma consciente y libre a la hora de depositar su voto. Terminar con la Parcialidad de los Medios: las entidades electorales y los líderes del Gobierno deben seguir solicitando a los medios que otorguen cobertura equitativa, verdadera e imparcial a los partidos y a los candidatos presidenciales. Los medios controlados por el Gobierno deben ser instruidos por las autoridades responsables para que provean tal cobertura justa y responsable, mientras que los medios privados deben aceptar y actuar de acuerdo a las reglas de ética profesional para proveer dicha cobertura. Correcciones efectivas, tales como el derecho a réplica y al derecho de corrección, deben implementarse inmediata y simultáneamente con otras medidas para prevenir parcialidad, para que el período de campaña progrese en forma libre y justa. Terminar con el Hostigamiento a Candidatos y a Observadores Electorales Locales : Las entidades electorales y las agencias gubernamentales deben actuar en forma inmediata y efectiva para parar el hostigamiento de los partidos políticos, candidatos y organizaciones peruanas que están trabajando para asegurar la integridad del proceso electoral, tales como Transparencia y la Oficina del Defensor del Pueblo. La línea telefónica directa, recientemente instalada por el Gobierno, para atender casos de violaciones electorales debe ser ampliamente publicitada en los próximos días. Debe implementarse un registro de todas las llamadas que recibe y sobre cuál oficina o agencia electoral o gubernamental es la responsable de responder las quejas por violaciones electorales. Estos registros deben estar fácilmente disponibles para los partidos políticos, candidatos, medios y observadores electorales para poder establecer confianza en el público. Los ofrecimientos de nombrar fiscales especiales para cada distrito electoral debe llevarse a cabo rápidamente, y su nombramiento debe ser anunciado simultáneamente con la información correspondiente. A los observadores electorales se les debe permitir que asistan a las sesiones de entrenamiento y orientación, y los informes relacionados con las investigaciones así como la disposición de los procesos por abusos electorales deben estar fácilmente disponibles. Los procesos de abusos electorales deben ser tramitados y publicitados dentro de los requerimientos del correspondiente proceso legal, para que el público y los participantes políticos puedan estar informados de las acciones que se han tomado para proteger los derechos electorales y para castigar a los violadores. Previniendo el Mal Uso de los Recursos del Estado Para Obtener Ventaja Electoral: comenzando inmediatamente y continuando durante el período electoral, la publicidad estatal y las campañas de educación, aparte de aquellas no partidarias para la educación del votante, deben reducirse y ninguna debe presentarse con un logo que pueda ser identificado con la campaña de reelección del Presidente Fujimori o de otros candidatos o partidos. Adicionalmente, el Gobierno debe emitir directivas públicas a todos los funcionarios que desistan de utilizar recursos del estado con fines electorales. Dichas directivas deben establecer claramente que dicha actividad resultará en sanciones severas, incluyendo procesos legales cuando así corresponda. Además, deben tomarse mayores medidas para retirar publicidad electoral de las áreas militares así como de otras propiedades del Gobierno. Altos miembros del Gobierno también deben considerar que el electorado posiblemente perciba la inauguración de obras públicas como actividades de la campaña electoral en el período que queda antes de la elección y se les debe alentar para que se abstengan de realizar dichas actividades hasta después de las elecciones. Incrementando la Transparencia en la Administración Electoral : Durante las próximas semanas las autoridades electorales deben ser lo más activas posible, permitiendo la inspección pública por intermedio de los partidos y de los representantes de los candidatos, los observadores electorales y los medios, para que los vean realizando sus obligaciones y garantizando la integridad del proceso. Cualquier duda que quede con referencia a la imparcialidad de los miembros de los JEE y de las comisiones de los lugares de votación debe tratarse públicamente, y las sesiones de entrenamiento para los funcionarios electorales deben ser abiertas a ser observadas por los partidos así como los personeros de los candidatos y los observadores no partidarios de las elecciones. Esta mayor transparencia debe ayudar a obtener la confianza del electorado y aumentar la posibilidad de que los resultados de la elección sean respetados y aceptados por todos los partidos y los candidatos. Asegurando Acceso Libre a los Personeros de los Partidos : en el día de las elecciones los personeros deben ser legalmente autorizados para supervisar varias mesas en el mismo local de votación y deben tener el derecho de recoger el acta correspondiente de todas estas mesas. Todos los funcionarios electorales, así como el personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben ser instruidos por la entidad nacional apropiada para que permitan dicho acceso. Adicionalmente las autoridades gubernamentales y electorales deben tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los personeros durante el desempeño de sus actividades. Asegurando los Derechos de los Observadores no Partidarios: durante el período pre-electoral, en el día de la elección y el período post electoral, los observadores no partidarios peruanos e internacionales deben tener libre acceso a todos los aspectos del proceso electoral, tal como lo indica la Ley. Los funcionarios electorales y gubernamentales deben efectuar un llamado público a todas las autoridades para que otorguen dicho acceso y para que aseguren la seguridad de los observadores en el desempeño de sus actividades. Las autoridades electorales y los altos funcionarios gubernamentales deben solicitar a los medios informativos que respeten la función de dichos observadores y la de sus organizaciones además de terminar la difamación a los líderes de los grupos de observadores locales y a los de la Oficina de la Defensoría del Pueblo. La Delegación ofrece estas recomendaciones con el deseo de contribuir al esfuerzo de aquellos que están trabajando para ampliar y profundizar la democracia en el Perú. El Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Centro Carter (The Carter Center) continuará observando el desarrollo del proceso electoral y organizará una tercera delegación para que visite al Perú en marzo del 2000.